Denuncian a Monsanto ante PGR para defender genética de maíz criollo

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La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad  (UCSS), encabezada por René Sánchez Galindo, promovió en la Delegación de la PGR una denuncia penal contra la empresa Monsanto por atentar contra la riqueza nacional, traficar con influencias, cometer fraude genérico y otros, como consecuencia de las afectaciones causadas a las razas de maíz criollo o mexicano.

En compañía del diputado del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, el abogado Elías Zarate y el antropólogo Julio Glockner, entre otros, Sánchez Galindo pidió que un equipo de científicos confirme los delitos contra la bioseguridad cometidos en el país por la firma internacional.
En el marco del Día Nacional del Maíz y con base en la propuesta del doctor Eckart Boege, la denuncia contra Monsanto trata de defender la huella genética del maíz, como consecuencia de los convenios del Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos, (PMMM).
El objetivo original del PMMM es capacitar a los campesinos para convertirlos en “custodios del maíz”, a fin de que identifiquen las razas del grano y posteriormente las puedan patentar; sin embargo, Sánchez Galindo,  defensor del Derecho a la Alimentación, explicó que la transnacional pretende controlar la información genética  de las 14 especies de maíz cultivadas en Puebla, por lo que, en caso de patentarlas, cobraría regalías por las cosechas de campesinos poblanos y del país.
“Una vez patentadas a nombres de estos campesinos, (la idea es) comercializarlas, pero la comercialización queda a nombre de Monsanto y eso constituye el delito federal contra el consumo y riquezas nacionales establecido el Código Penal Federal”, detalló.
Por ello, solicitó a la dependencia federal que investigue a fondo en qué consiste realmente el proyecto y exigió que requiera los convenios con las instituciones participantes, así como toda la información existente al respecto, pues aseguró que este proyecto afectará la economía de las familias que dependen de la agricultura.
De acuerdo con información  de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), del millón de hectáreas que se siembran anualmente en Puebla, 555 mil corresponden al cultivo del maíz.
Por ello, Sánchez Galindo opinó que Monsanto viola el Código Penal Federal, el cual establece que es delito contra la riqueza nacional cualquier acción en la que se pretenda acaparar los insumos básicos y en la que se liberen transgénicos de manera ilícita:
“En el momento en que se apropie de la información genética del maíz, que por miles y miles de años se ha producido por estas tierras, puede hacer lo que quiera con él.  El maíz es como el petróleo, es una riqueza nacional, por eso estamos presentando la denuncia por el delito contra la riqueza nacional”.
Resulta necesario referir que el PMMM está bajo la dirección de la Confederación Nacional de Productores Agrícolas de Maíz de México (Cnpamm), organismo ligado a la CNC del PRI.
Según información del reportero Martín Hernández, un estudio científico realizado por el Colegio de Postgraduados ha identificado contaminación transgénica en semillas criollas en la Sierra Mixteca y en la Nororiental.
"En abril de 2009, el investigador del Instituto de Ciencias de la Universidad Autónoma de Puebla (UAP,) Miguel Ángel Damián Huato señaló que el consorcio Monsanto puede llegar a controlar la variabilidad de maíces criollos que existe en Puebla y en el resto de México, a través de su participación del PMMM, con la creación del banco de germoplasma que concentrará las mejores características de los granos criollos: la trasnacional podría patentarlos, adaptarlos a las semillas transgénicas y ponerlas a la venta en todo el mundo".
Cabe destacar que este jueves, en las instalaciones de la Procuraduría General de la República (PGR), el legislador petista Zeferino Martínez reveló que su fracción parlamentaria elabora una iniciativa de ley para proteger al maíz, como ya lo hizo el estado de Tlaxcala.

Acusa René Sánchez a Monsanto de delitos contra el consumo y riquezas nacionales

http://www.lajornadadeoriente.com.mx/2011/09/30/puebla/eco103.php

MARTÍN HERNÁNDEZ ALCÁNTARA El abogado René Sánchez Galindo encabezó ayer a un grupo de académicos, litigantes, campesinos y activistas que tramitaron una demanda ante la Procuraduría General de la República (PGR) en contra de Monsanto, empresa a la que acusan de delitos contra el consumo y riquezas nacionales, tráfico de influencias, fraude genérico y los que resulten, derivado del aprovechamiento del maíz que está haciendo en el estado de Puebla y otras entidades federativas. Además de Monsanto, en la querella –que también fue rubricada por el diputado local del Partido del Trabajo, Zeferino Martínez, y el antropólogo Julio Glockner Rossáinz– aparecen los nombres de la Financiera Rural, la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), el Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad (Langebio) del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinestav–IPN), el gobierno del estado de Puebla, así como del Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable y la Soberanía de la Cámara de Diputados (CEDRRSA). Todos esos organismos e instituciones públicas y privadas forman parte del Proyecto Maestro de Maíces Mexicanos (PMMM), del cual Sánchez Galindo ha advertido que es usado por Monsanto para controlar la información genética de las 14 razas de maíz que se cultivan en Puebla. A través del PMMM, explicó de nueva cuenta este jueves el litigante, Monsanto está en condiciones de obtener información genética que puede llegar a patentar, por lo que miles de campesinos en la entidad y el resto del país tendrían que pagarle regalías a este consorcio por el uso de las semillas. “Una vez que el maíz criollo, nativo u originario, sea patentado, es decir, que se adquieran los derechos de obtentor a nombre de los custodios (del PMMM), la información patentada o ‘huella genética’, se transformará en productos, empresas y estrategias de comercialización, mediante la investigación y descubrimiento de potencialidades alimenticias, bioquímicas e industriales, actos que corresponden a la empresa Monsanto por participar en el PMMM como la empresa de biotecnología más avanzada del mundo”, advierte René Sánchez Galindo y el resto de los denunciantes en el texto que entregaron en la PGR. “En otras palabras, vía convenios y contratos de comercialización, investigación, desarrollo de potencialidades alimenticias, bioquímicas e industriales, la empresa Monsanto podría comercializar la información genética que debería, conforme al Artículo 9 Fracción 1 de la Ley de Bioseguridad”, el cual establece que las semillas deben “ser protegidas, utilizadas, potenciadas y aprovechadas sustentablemente por ser un valioso reservorio de riqueza de moléculas y genes para el desarrollo sustentable del país”. Con la estrategia comercial y de contrato que tiene por todo el mundo, Monsanto se apoderará de esta riqueza nacional y controlará el abasto alimentario de Puebla, como ya lo hace en otros países, abundó al abogado. En la denuncia también se solicita: “durante el procedimiento de averiguación previa se solicitará al Ministerio Público que investigue con precisión cuáles son los actos, omisiones o procedimientos que Monsanto, su representante legal o quien resulte responsable, han llevado a cabo en el PMMM para, en su caso, estar en posibilidad de demostrar mediante un panel de peritos que estos actos evitan o dificultan o se proponen evitar o dificultar la libre concurrencia en la producción del comercio”. El territorio poblano El PMMM presumiblemente se ejecuta en las siguientes regiones del estado de Puebla: Chignahuapan, Francisco Z. Mena, Pantepec, Tenampulco, Tetela de Ocampo, Venustiano Carranza, Xicontepec, Zacatlán, Zaragoza, Atlixco, Cohuecan, Huejotzingo, Puebla, San Martín Texmelucan, San Nicolás de los Ranchos, Santa Isabel Cholula; Tepatlaxco, Tianguismanalco, Tochimilco, Aljojuca y Atzizintla. También: Chalchicomula de Sesma, Oriental, San José Chiapa, San Nicolás Buenos Aires, San Francisco Altepexi, Soltepec y Tlachichuca, Acatlán de Osorio, Ahuehuehuetitla, Albino Zertuche, Axutla, Chila y San Jerónimo Xayacatlán. Por la denuncia, la PGR inició la averiguación previa AV/PGR/ PUE/PUE–V/912/2011. Los querellantes piden que el Ministerio Público federal “requiera a los directores generales o apoderados legales del PMMM de Monsanto persona jurídica, sociedad, corporación o empresa de cualquier clase, en términos del artículo 11 del Código Penal Federal, UANNN, Langebio, CEDRRSA, que informen y presenten los convenios o contratos que hubiesen celebrado entre sí, en el marco del PMMM, así como con los ‘custodios’ campesinos del estado de Puebla”. Entre otras cosas, también solicitaron que el representante social requiera “información estatutaria e inscripciones en los registros públicos de la propiedad y del comercio de los estados de Puebla, Tlaxcala, estado de México, el Distrito Federal” en las entidades en donde se aplica el PMMM y en “los estados que sea necesario”. Sánchez Galindo explicó que el Código Penal Federal establece que es un delito contra la riqueza nacional cualquier acción para acaparar los insumos básicos, así como la liberación ilícita de transgénicos, razones suficientes, señaló, para promover la denuncia penal. La querella contra Monsanto también fue suscrita por el antropólogo Julio Glockner, el abogado Elías Zárate Domínguez, Armando Domínguez Zacarías y otros integrantes de la Brigada 68. A la delegación de la PGR llegaron también dos contingentes de la Policía Estatal que permanecieron unos 20 minutos en el sitio, vigilando a los querellantes y periodistas que allí se apersonaron.